La misión de la ONU observo que los ataques se dirigían con especial violencia hacia determinadas etnias, lo que incluso llevo a susurrar en algunos niveles la palabra “Genocidio”, presurosamente escondida detrás de términos más suaves como ya se hizo en Ruanda para agravio póstumo de Rapael Lemkin y su reconocida lucha por la justicia de todos los pueblos.
Desde que en 1989 el militar Omar Hasan Al Bashir si hiciera con el poder e impusiera la Ley Islámica, las luchas entre los negros cristianos del sur y los árabes del norte han hecho estragos entre la población: 4,5 millones de desplazados y 2,5 millones de muertos en tan sólo 20 años.
Las fuerzas rebeldes, El Frente de Liberación de Darfur y el Movimiento de Justicia e Igualdad, iniciaron en 2003 el levantamiento contra el gobierno de Jartum acusándolo de de favorecer a las comunidades árabes del norte (islamistas) en detrimento de las numerosas tribus musulmanas que habitan la región desértica del sur. La respuesta no se hizo esperar, Al Bashir promovió la movilización y armamento de la tribu de los Janjaweed, una tribu islamista leal a su causa que junto con los militares regulares emprendieron la destrucción de las aldeas de etnia Masalit, Tama, Tanjur y Zaghawa, cuna de los grupos rebeldes.
A la lucha por intereses económicos se unieron así sentimientos de identidad étnica y religiosa.
Preparada la bomba solo faltaba encender la mecha: la política de tierra quemada de las milicias árabes ha causado desde entonces la pérdida de 300.000 vidas, 2,7 millones de desplazados y un conflicto internacional que obliga a resolver la difícil situación de los países vecinos, el Chad y República Centroafricana que han recibido en avalancha a los refugiados sudaneses y se muestran incapaces de aguantar ese peso durante mucho más tiempo.
En 2006, el principal grupo rebelde y el gobierno alcanzaron un acuerdo de Paz “con reservas”. En julio del año siguiente, la ONU aprobó el envío de una fuerza de pacificación a la castigada Darfur compuesta por 26.000 efectivos para proteger a los civiles desplazados.
Por desgracia, algunas ONGs denuncian que el gobierno obstaculiza el acceso de suministros médicos y alimenticios, los Janjaweed rodean los campos de refugiados solicitando cuotas de entrada y salida, protagonizando saqueos nocturnos, violaciones, y atemorizando a la población refugiada.
Todo parece indicar que no existe voluntad real de pacificación sólo un teatro orquestado para acallar a la Comunidad Internacional. La reconciliación Nacional no es posible mientras el gobierno de Jartum no sea derrocado, si bien la orden de detención por “Crímenes contra la humanidad” contra Omar Hasan Al Bashir resulta alentadora, sus descaradas provocaciones -que incluyen el decreto dictado el 4 de marzo que obliga a 13 ONGs ha abandonar su país, dejando sin ningún tipo de amparo a más de 450.000 personas, así como la protección de sus coetáneos y vecinos, los 22 países reunidos el pasado 30 de marzo en el Cairo durante la cumbre Árabe, se negaron a secundar la orden de captura contra Al Bashir- no presagian un cambio de rumbo inmediato.
Sin embargo, es fundamental que la Comunidad Internacional active todas sus herramientas de presión para lograr que al menos se respeten los derechos más fundamentales de los ciudadanos de Sudán. Esto empieza por garantizar el acceso a alimentos y medicinas de millones de personas desplazadas y refugiadas, desarraigadas de sus hogares y ultrajadas.
Para ello debemos exigir el regreso de las Organizaciones Internacionales de Ayuda a Sudán y la provisión de más recursos para solventar las necesidades acuciantes de millones de personas. La dramática realidad es que muchas de ellas jamás han vivido fuera de un campo de refugiados y ni siquiera conocen su país, no saben que es la libertad ni mucho menos han saboreado la tranquilidad que otorga vivir en un país en Paz.
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