La Ley de la Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, es un fiasco. Ni su enunciado rimbombante, ni las expectativas generadas en torno al colectivo beneficiario (1.125.190 personas, INE 2005), la salva de ser otra ley estrella del gobierno socialista, mal articulada y peor aplicada. Aprobada en los albores de la crisis económica tres años de ejecución han demostrado una absoluta falta de previsión.
La tan aplaudida norma recoge como “excepcional” la prestación económica para cuidadores no profesionales. Se trata normalmente de familiares que han convertido en su profesión, el cuidado de sus padres, hermanos e hijos enfermos. Por lo general, grandes dependientes, que por obvias razones no pueden beneficiarse de la amplia red de servicios propuesta como alternativa.
Acordemos que lo verdaderamente excepcional es que estos cuidadores sean capaces de sostener a sus familias (no imaginen siempre a la clásica hija soltera) con una mísera pensión y grandes dosis de compasión.
Lo llamativo de este asunto es que el estudio de Línea de Base que debería haber establecido una estadística fiable sobre los potenciales beneficiarios, cuantifico a la baja el número de grandes dependientes. En 2006 se previeron 223.457 dependientes graves. Pero en 2009 se contabilizaban 422.520. De 300.000 prestaciones económicas en vigor, 8 de cada 10 se dedican a pagar a familiares “no profesionales”.
Como siempre las cifras vuelven a sobrepasar las previsiones del gobierno. El 7 marzo de 2008 Zapatero declaraba: “España esta en plenas condiciones de llegar al pleno empleo”. Dos años mas tarde 5 millones de parados y subiendo. Otra bravuconada del gobierno, en la línea de lo ocurrido con la ley de la Dependencia. No hay fondos pero tampoco agallas para tomar las decisiones oportunas.
Pero el despropósito no termina aquí. Ante la lentitud del proceso de gestión de solicitudes, el 4 de febrero de 2010 una resolución aprobada por el Consejo territorial del Sistema de autonomía y Atención a la dependencia establecía un plazo máximo de 6 meses entre la fecha de entrada de la solicitud (de ayuda) y la de resolución de reconocimiento de la prestación. Más otros tres meses de margen a las Comunidades autónomas. Un plazo máximo de 9 meses.
Hasta aquí todo bien, a estas alturas podemos asumir, que no comprender que vivimos en un país descentralizado hasta el absurdo. La solicitud en el ayuntamiento pero la tramitación en la CC.AA con el visto bueno del gobierno central. Resultado: 275 días de larga espera.
Pero ¿Qué pasa después? ¿Es inmediata la recepción de la prestación? Desde luego que no. Hay que darle emoción.
Cuando usted recibe la carta de aprobación, la relee una y otra vez, pues los “términos comprensibles y accesibles con información completa y continuada relacionada con su situación de dependencia” le suenan a chino. Tiene un Nivel III, Grado II, con una puntuación de 95,14 puntos. ! Bravo ¡Parece que el nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia da resultado. (Resolución del 29 de junio de 2010).
De acuerdo, y ahora que existe consenso sobre la delicada situación de mi madre. ¿Me ayudaran a pagar los pañales? En la carta no hay nada que así lo indique, y creyendo que se trata de un error, llama al servicio de atención al ciudadano. Desde allí le comunican que “en un par de meses recibirá otra carta informándole de la dotación económica asignada, y a partir de entonces, dentro de un plazo de entre 6 y 8 meses recibirá la primera prestación”.
¿Hacemos cuentas? Desde la solicitud hasta la recepción de la primera ayuda han transcurrido casi 2 años. Su madre tiene 97 años. Usted dejo de trabajar hace más de 5 años para cuidarla. Cuando alguien le desvelo las bondades de la ley de dependencia corrió entusiasmado a realizar la solicitud. Dos años después, desearía no haberla conocido nunca.
Incluso, en un frenesí de confianza, algunos “beneficiarios” solicitaron un crédito a la espera de recibir la dotación. Pero mala suerte, otro vuelco del destino. Con el “inesperado” comienzo de la crisis, se elimino la retroactividad de los pagos hasta la fecha de la solicitud. De modo que jamás recuperara un céntimo. Tiene un crédito que no puede pagar. Y su madre fallece un mes más tarde de recibir la primera prestación.
Hagamos un ejercicio de empatía. Imaginen el sentimiento de frustración.
Si esto no les convence, pregunten a las empresas de salud si han visto cumplidas sus expectativas de ingresos y generación de empleo. Pregunten a los CC.AA si son capaces de cofinanciar los servicios ofrecidos por la ley. O a los ayuntamientos, sobrepasados por la gestión de un “marrón” ajeno a sus competencias. Pregunten.
Después atrévanse a enarbolar esta ley como el 4º pilar del Estado de Bienestar. Busquen un porque. Porque un gobierno que se define como “socialista” aprobó una ley de esta trascendencia desde la improvisación. Porque se juega con un colectivo tan sensible y doliente. Porque esta bajeza entre nuestros políticos. Y porque, nosotros, sociedad civil, hemos enmudecido.
Es probable que la respuesta no les guste. Trae a la memoria la idiosincrasia de una de las sociedades más envilecidas de nuestra historia contemporánea. “Muérete tu hoy, que yo me espero a mañana” (Archipiélago Gulaj. Alexander Solzhenitsyn )
